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Transición española a la democracia

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Contenido
  1. (Arriba)
  2. Delimitación del periodo
  3. Antecedentes: El tardofranquismo (1969–1975)
  4. El gobierno de Arias Navarro y la reforma de Arias y Fraga (1975–1976)
  5. El primer gobierno de Suárez y la Ley para la Reforma Política (1976–1977)
  6. El periodo constituyente y la Constitución de 1978 (1977–1978)
  7. El segundo gobierno constitucional y la crisis de la UCD (1979–1981)
  8. El golpe de Estado del 23-F y el gobierno de Calvo-Sotelo (1981–1982)
  9. El primer gobierno socialista y la consolidación democrática (1982–1986)
  10. Dimensiones sociológicas y culturales
  11. Debates historiográficos y memoria histórica
  12. Referencias
Transición española a la democracia
Transición española a la democracia
Periodo1975–1982
MonarcaJuan Carlos I
Presidentes del GobiernoCarlos Arias Navarro, Adolfo Suárez, Leopoldo Calvo-Sotelo
Forma de gobiernoMonarquía constitucional parlamentaria (después de 1978)
CapitalMadrid
Constitución promulgadaConstitución española de 1978
Entidades precedentesEspaña franquista, Gobierno de la República española en el exilio
MonedaPeseta española

La transición española a la democracia fue el proceso histórico a través del cual España pasó de la dictadura franquista a una monarquía parlamentaria constitucional bajo el rey Juan Carlos I. Iniciado tras la muerte de Francisco Franco en noviembre de 1975, el periodo se caracterizó por la reforma institucional, la amplia negociación entre las élites reformistas y la oposición democrática, la aprobación de la Ley para la Reforma Política de 1976, las primeras elecciones libres en 1977 y la Constitución de 1978. Concluyó con las elecciones generales de 1982 y la transferencia pacífica del poder al Partido Socialista Obrero Español.

Delimitación del periodo

Los historiadores han alcanzado un amplio consenso al situar el inicio de la transición española el 20 de noviembre de 1975, el día de la muerte de Francisco Franco, o dos días después, el 22 de noviembre de 1975, cuando Juan Carlos I fue proclamado rey de España ante las Cortes franquistas.[1][2] Algunos historiadores proponen fechas de inicio anteriores, como el asesinato del presidente del Gobierno Luis Carrero Blanco el 20 de diciembre de 1973, dado su papel central en asegurar la continuidad del régimen, o la aprobación de la Ley Orgánica del Estado en 1966.[2][3] La transición formó parte de la tercera ola de democratización teorizada por Samuel P. Huntington, que comenzó en abril de 1974 con la Revolución de los Claveles en Portugal y terminó con el colapso de los regímenes comunistas en Europa Central y Oriental en 1989.[4]

Existe un debate considerable respecto a la conclusión de la transición.[5][6][7] Algunos estudiosos la consideran completada con las primeras elecciones generales democráticas del 15 de junio de 1977.[8][9] Otros fechan su finalización en la aprobación y promulgación de la Constitución española de 1978 en diciembre de ese año, que culminó la transformación jurídica del Estado.[10][11] Propuestas alternativas marcan el fin del periodo con las primeras elecciones constitucionales de marzo de 1979 o con el fracaso del intento de golpe de estado del 23-F el 23 de febrero de 1981, que demostró que la insurrección armada no podía revertir el proceso democrático.[9][11]

La opinión predominante entre los historiadores sitúa el fin de la transición en octubre de 1982, cuando el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ganó la mayoría absoluta en las elecciones generales.[9][12][13] Estas elecciones supusieron la primera alternancia pacífica en el poder ejecutivo entre un gobierno procedente del aparato franquista y otro originado en la oposición democrática.[13][14][15] Otros autores extienden la transición hasta el 1 de enero de 1986, cuando España ingresó formalmente en la Comunidad Económica Europea y celebró un referéndum sobre la permanencia en la OTAN.[9][16] Una tesis minoritaria prolonga el periodo hasta las elecciones generales de 1996 ganadas por el Partido Popular, mientras que las perspectivas críticas argumentan que la transición sigue incompleta porque la monarquía establecida bajo Franco continúa sin una elección popular directa sobre la forma del Estado.[9][17][18][19]

Antecedentes: El tardofranquismo (1969–1975)

Tras la promulgación de la Ley Orgánica del Estado en enero de 1967, el almirante Luis Carrero Blanco consolidó su posición como el segundo al mando efectivo de la dictadura cuando Franco lo nombró vicepresidente del Gobierno en septiembre de 1967.[20] Carrero Blanco inició la Operación Príncipe, destinada a asegurar que el príncipe Juan Carlos de Borbón, hijo del pretendiente Don Juan de Borbón, fuera el sucesor designado por Franco.[21][22] El 22 de julio de 1969, Franco presentó a Juan Carlos ante las Cortes franquistas como su sucesor con el título de príncipe de España, lo cual el parlamento aprobó con 491 votos a favor, 19 en contra y 9 abstenciones.[23][24] En su discurso, Franco afirmó que mediante este nombramiento todo quedaba «atado y bien atado».[25][26]

En octubre de 1969, Franco formó un nuevo gabinete conocido como el gobierno monocolor, compuesto casi exclusivamente por tecnócratas asociados al Opus Dei o leales a Carrero Blanco y a su asesor Laureano López Rodó.[27] Tres ministros de tendencia reformista, Manuel Fraga, José Solís Ruiz y Fernando María Castiella, fueron destituidos del ejecutivo.[27] Durante los cuatro años de este gabinete, se profundizaron las divisiones entre los inmovilistas (el sector duro del Búnker), que rechazaban cualquier modificación política, y los aperturistas, que propugnaban una reforma institucional controlada.[28][29][30] La modernización económica y la rápida transformación social chocaron con una estructura política autocrática, generando conflictividad laboral, manifestaciones estudiantiles y protestas de sectores de la Iglesia católica.[31][32]

En mayo de 1973, el ministro de la Gobernación Tomás Garicano Goñi dimitió debido al bloqueo político del régimen, pero Franco respondió nombrando a Carrero Blanco como presidente del Gobierno, separando por primera vez en treinta y siete años los cargos de jefe del Estado y de jefe del Gobierno.[33][34] El gobierno de Carrero Blanco duró seis meses.[34] En la mañana del 20 de diciembre de 1973, ETA asesinó a Carrero Blanco en Madrid al detonar una bomba oculta en un túnel bajo su coche.[35] El vicepresidente Torcuato Fernández-Miranda asumió temporalmente el control del ejecutivo, evitando que las facciones de línea dura tomaran medidas extremas, y el ejército no fue desplegado.[35] El atentado abrió la crisis política más profunda del régimen al eliminar a la figura destinada a garantizar la continuidad del franquismo tras la muerte del dictador.[36]

En enero de 1974, Franco nombró a Carlos Arias Navarro como presidente del Gobierno, excluyendo a los tecnócratas del Opus Dei y distribuyendo los ministerios entre las facciones tradicionales del régimen.[37] El 12 de febrero de 1974, Arias Navarro pronunció un discurso ante las Cortes en el que prometía una apertura política limitada, iniciativa bautizada como el «espíritu del 12 de febrero».[38][39] Esta apertura se estancó en pocas semanas.[40] El obispo de Bilbao, Antonio Añoveros Ataún, fue amenazado de expulsión tras publicar una carta pastoral en defensa de la identidad cultural vasca, y el 2 de marzo de 1974 el anarquista catalán Salvador Puig Antich fue ejecutado a garrote vil a pesar de las protestas internacionales.[40][41] El derrocamiento de la dictadura portuguesa en la Revolución de los Claveles el 25 de abril de 1974 evidenció el aislamiento del franquismo.[42] En julio de 1974, Franco sufrió una tromboflebitis, delegando temporalmente sus poderes en el príncipe Juan Carlos hasta septiembre.[42][43] El 13 de septiembre de 1974, un atentado con bomba de ETA en la madrileña calle del Correo causó doce muertos, lo que provocó la destitución del ministro de Información, el reformista Pío Cabanillas, y la dimisión solidaria del ministro de Hacienda, Antonio Barrera de Irimo.[44][45]

Las fuerzas de la oposición comenzaron a unirse en organismos unitarios.[46] En julio de 1974, Santiago Carrillo, secretario general del Partido Comunista de España (PCE), anunció la creación de la Junta Democrática en París, que defendía la ruptura democrática, la amnistía política, la libertad sindical y un referéndum sobre la forma del Estado.[47][48][49] En junio de 1975, grupos de la oposición moderada y el PSOE formaron la Plataforma de Convergencia Democrática, que prefería una reforma negociada a la ruptura insurreccional y expresaba su disposición a aceptar una monarquía constitucional.[47][50][51] El empeoramiento de las condiciones económicas alimentó las huelgas organizadas por las ilegales Comisiones Obreras (CCOO).[52][53] La violencia terrorista de ETA y del Frente Revolucionario Antifascista y Patriótico (FRAP) aumentó, lo que llevó a la aprobación de un decreto antiterrorista en agosto de 1975.[54] Los tribunales militares condenaron a muerte a once militantes; Franco denegó el indulto a cinco de ellos, que fueron fusilados el 27 de septiembre de 1975, provocando protestas internacionales y la retirada de embajadores europeos.[55][56][57]

El 1 de octubre de 1975, el Movimiento Nacional celebró una concentración en la madrileña plaza de Oriente en la que un envejecido Franco denunció una presunta conspiración judeo-masónica y izquierdista.[58] Franco enfermó gravemente el 12 de octubre y transfirió los poderes al príncipe Juan Carlos el 30 de octubre.[59][60] Durante este interregno, el rey Hasán II de Marruecos organizó la Marcha Verde de civiles marroquíes para forzar a España a entregar el Sáhara español.[61][62] El 14 de noviembre de 1975, España firmó los Acuerdos Tripartitos de Madrid, acordando retirarse del Sáhara Occidental y transferir el control administrativo a Marruecos y Mauritania.[61][62] Franco falleció el 20 de noviembre de 1975 a los 82 años.[63][64] El único jefe de Estado o de gobierno extranjero en su funeral fue el dictador chileno Augusto Pinochet.[65] Imelda Marcos, esposa del dictador filipino, también asistió.[66]

El gobierno de Arias Navarro y la reforma de Arias y Fraga (1975–1976)

Tras la muerte de Franco el 20 de noviembre de 1975, un Consejo de Regencia gobernó hasta el 22 de noviembre, fecha en la que Juan Carlos de Borbón fue proclamado rey como Juan Carlos I ante las Cortes Españolas.[2][67][68] Tras jurar lealtad a las Leyes Fundamentales y a los Principios del Movimiento Nacional, el rey pronunció un discurso en el que expresó respeto hacia Franco pero abogó por la concordia nacional y la transformación política, sin celebrar la victoria nacionalista en la Guerra Civil.[67][69][70] Los líderes de la oposición antifranquista recibieron el discurso con escepticismo, mientras que los procuradores de línea dura aplaudieron a la hija de Franco, presente en el acto.[67][71][72] El 27 de noviembre se celebró un servicio religioso en la iglesia de San Jerónimo el Real, al que asistieron el presidente francés Valéry Giscard d'Estaing, el presidente de Alemania Occidental Walter Scheel, el príncipe Felipe y el vicepresidente estadounidense Nelson Rockefeller.[66][73] El cardenal Vicente Enrique y Tarancón pronunció un sermón en el que pidió al monarca que gobernara para todos los españoles sin distinción.[71][74][75] El 25 de noviembre, el rey concedió un indulto que puso en libertad a presos comunes y presos políticos.[76][77]

El 2 de diciembre de 1975, el rey nombró a Torcuato Fernández-Miranda, su antiguo profesor de derecho político, presidente de las Cortes y del Consejo del Reino, asegurándose una posición estratégica dentro del aparato institucional franquista.[78][79][80] Sin embargo, el rey confirmó a Carlos Arias Navarro como presidente del Gobierno.[79][81] Arias formó el 13 de diciembre un gabinete heterogéneo que incluía a destacados reformistas como Manuel Fraga (Gobernación), José María de Areilza (Asuntos Exteriores), Antonio Garrigues (Justicia) y Alfonso Osorio (Presidencia), junto a exfalangistas reformistas como Adolfo Suárez y Rodolfo Martín Villa, y miembros de la línea dura militar como el general Fernando de Santiago.[82][83] Arias carecía de un proyecto reformista propio y declaró en el Consejo Nacional del Movimiento que su objetivo era la continuidad del franquismo mediante una «democracia a la española».[84][85][86]

El gobierno adoptó un programa de reforma redactado por Manuel Fraga, conocido como «reforma en continuidad», que pretendía establecer un sistema constitucional bicameral inspirado en la Restauración canovista del siglo XIX.[87][88][89] Fraga concebía un Congreso elegido que representara a las familias y un Senado de carácter orgánico que representara a las corporaciones y provincias.[90][91] Se permitiría la participación de las fuerzas de la oposición disidentes, pero el Partido Comunista quedó excluido.[88][89] Se formó una comisión mixta entre el gobierno y el Consejo Nacional para revisar los cambios en tres Leyes Fundamentales.[92][93][94] El 25 de mayo de 1976, las Cortes aprobaron la Ley de Reunión, que permitía las manifestaciones públicas previa autorización administrativa.[95][96] El 9 de junio se aprobó la Ley de Asociaciones Políticas tras la defensa del pluralismo político realizada por Adolfo Suárez en un discurso que llamó la atención del rey Juan Carlos.[95][97][98] No obstante, la reforma de Arias y Fraga fracasó el 11 de junio, cuando las Cortes rechazaron modificar el Código Penal para despenalizar a los partidos políticos y el Consejo Nacional rechazó la reforma constitucional bicameral.[99][100][101]

Durante los primeros meses de 1976, la movilización social aumentó drásticamente.[102][103] Entre enero y marzo, las cifras oficiales registraron 17 455 huelgas, 1672 manifestaciones y 283 encierros en toda España.[103][104] El 3 de marzo de 1976, la policía armada asaltó la iglesia de San Francisco en Vitoria durante una asamblea de huelguistas, empleando gases lacrimógenos y fuego real; cinco trabajadores murieron y más de un centenar resultaron heridos.[105][106][107] Como respuesta, una huelga general paralizó el País Vasco y Navarra.[105] El 26 de marzo de 1976, la Junta Democrática y la Plataforma de Convergencia se fusionaron para formar la Coordinación Democrática, conocida popularmente como la «Platajunta», estableciendo un frente común que exigía amnistía política, legalización sindical y elecciones a una asamblea constituyente.[108][109] Fraga toleró que la socialista Unión General de Trabajadores (UGT) celebrara su 30.º Congreso en Madrid bajo la apariencia de unas jornadas de estudio para dividir a la oposición, mientras mantenía encarcelado al líder comunista de CCOO Marcelino Camacho.[110][111] El 9 de mayo de 1976, durante la concentración carlista anual en Montejurra, miembros de la facción carlista integrista que apoyaba a Sixto Enrique de Borbón dispararon contra los carlistas de izquierda liderados por su hermano Carlos Hugo, matando a dos e hiriendo a treinta sin que interviniera la policía.[112][113]

La resistencia de Arias Navarro al cambio democrático condujo a fricciones irreconciliables con la Corona.[114][115] En abril de 1976, la revista Newsweek publicó unas declaraciones atribuidas al rey Juan Carlos en las que describía a Arias como un «desastre absoluto».[84][116] En junio de 1976, el rey se dirigió al Congreso de los Estados Unidos en Washington, comprometiendo a España a instaurar una democracia representativa.[117][118] El 1 de julio de 1976, el rey convocó a Arias Navarro al Palacio de la Zarzuela y le exigió su dimisión, la cual Arias presentó.[115][119][120] Torcuato Fernández-Miranda maniobró dentro del Consejo del Reino para incluir a Adolfo Suárez junto a Federico Silva Muñoz y Gregorio López Bravo en la terna de candidatos sometida al rey.[119][121][122] El 3 de julio de 1976, Juan Carlos nombró a Suárez presidente del Gobierno.[123] El nombramiento causó decepción entre los líderes de la oposición democrática y los observadores extranjeros, y el comentarista Ricardo de la Cierva lo calificó de error.[124][125]

El primer gobierno de Suárez y la Ley para la Reforma Política (1976–1977)

Adolfo Suárez formó un gabinete compuesto por jóvenes democristianos procedentes del grupo Tácito, como Landelino Lavilla y Marcelino Oreja, y exfalangistas reformistas, mientras que veteranos como Fraga y Areilza declinaron participar.[126][127][128] El 16 de julio de 1976, el gobierno emitió una declaración en la que reconocía la soberanía popular, prometía una amnistía y se comprometía a celebrar elecciones generales antes del 30 de junio de 1977.[129][130] El 30 de julio de 1976 se promulgó un decreto de amnistía parcial que excarceló a 400 condenados por delitos políticos y de opinión, excluyendo los delitos de sangre.[131][132][133] Torcuato Fernández-Miranda redactó la Ley para la Reforma Política, formulada bajo el principio de ir «de la ley a la ley a través de la ley» para evitar vacíos jurídicos o intervenciones militares.[134][135] Aprobado por el Consejo de Ministros el 10 de septiembre, el proyecto de ley contemplaba un poder legislativo bicameral compuesto por un Congreso de los Diputados de 350 miembros y un Senado de 207 miembros, elegidos por sufragio universal.[136][137][138]

El 8 de septiembre de 1976, Suárez se reunió con la cúpula militar para asegurar su aquiescencia ante las reformas políticas planeadas.[139][140] Aseguró a los generales que la monarquía y la unidad de España no eran negociables, que no se formaría ningún gobierno provisional, que no se buscarían responsabilidades retroactivas y que los partidos revolucionarios, en concreto el Partido Comunista, no serían legalizados.[140][141] Las tensiones aumentaron más tarde ese mes cuando el vicepresidente primero del Gobierno, el general Fernando de Santiago, objetó los contactos con Comisiones Obreras y se opuso a las reformas laborales.[142] Suárez lo destituyó el 21 de septiembre y nombró al general Manuel Gutiérrez Mellado, quien reasignó a oficiales de tendencia reformista y neutralizó a los mandos recalcitrantes en las fuerzas de seguridad.[142]

Las Cortes debatieron la Ley para la Reforma Política en noviembre de 1976.[138][143] Los procuradores conservadores, liderados por Blas Piñar y Pilar Primo de Rivera, defendieron el sistema franquista, pero el gobierno utilizó la presión administrativa, la urgencia procedimental y promesas de inclusión electoral para persuadir a la cámara.[144][145][146] El 18 de noviembre de 1976, las Cortes votaron a favor de aprobar la ley con 435 votos a favor, 59 en contra y 13 abstenciones, en lo que los observadores contemporáneos denominaron el suicidio institucional o «harakiri» del parlamento franquista.[147][148] El 15 de diciembre de 1976, la ley fue sometida a un referéndum nacional.[133][149] Coordinación Democrática abogó por la abstención debido a la falta de una opción explícita entre monarquía y república, pero los medios estatales desplegaron una intensa campaña centrada en la canción Habla, pueblo, habla.[150][151][152] El referéndum registró una participación del 77,72 %, con un 94,2 % de votos favorables, dotando al proceso de reforma de legitimidad democrática.[133][149][152]

La última semana de enero de 1977, conocida como la «Semana Negra», trajo una intensa desestabilización.[153] El 23 de enero, pistoleros de extrema derecha de Fuerza Nueva asesinaron al estudiante Arturo Ruiz en una manifestación pro amnistía, y los gases lacrimógenos policiales mataron a la manifestante María Luz Nájera al día siguiente.[153][154] En la noche del 24 de enero, pistoleros neofascistas asaltaron un despacho laboralista vinculado a CCOO y al PCE en la madrileña calle de Atocha, asesinando a cinco abogados laboralistas y hiriendo a cuatro.[155] Paralelamente, el grupo de izquierda GRAPO secuestró al presidente del Consejo de Estado, Antonio María de Oriol, y al presidente del Tribunal de Justicia Militar, el general Emilio Villaescusa, matando a tres policías.[156] El PCE organizó un funeral disciplinado y silencioso por las víctimas de Atocha que congregó a cientos de miles de personas en las calles de Madrid sin altercados, transformando la opinión pública respecto a la participación comunista en la política.[157][158][159] El 11 de febrero, la policía liberó a ambos rehenes y Suárez se dirigió a la nación, rechazando los llamamientos de la derecha a declarar el estado de excepción.[160][161]

La matanza de Atocha hizo políticamente insostenible la exclusión legal del PCE.[162][163] Suárez inició negociaciones clandestinas con el secretario general del PCE, Santiago Carrillo, el 27 de febrero de 1977 en el domicilio del periodista José Mario Armero.[162][164][165] Carrillo aceptó la monarquía, respaldar la bandera nacional rojigualda y moderar las protestas callejeras a cambio de la legalización.[166][167][168] El Tribunal Supremo se declaró incompetente sobre los estatutos del partido, dejando la decisión en manos del ejecutivo.[162][169] El 9 de abril de 1977, durante las vacaciones de Semana Santa, Suárez promulgó un decreto que legalizaba el PCE, un acontecimiento conocido como el Sábado Santo Rojo.[153][162][170] El ministro de Marina, el almirante Gabriel Pita da Veiga, dimitió en protesta y el Consejo Superior del Ejército emitió una nota oficial expresando su profundo rechazo aunque acatando la decisión por disciplina militar.[156][171][172] Carrillo convocó al Comité Central del PCE el 15 de abril junto con las banderas nacional y del partido, ratificando formalmente la monarquía parlamentaria.[168][173][174] El 13 de mayo, la histórica dirigente comunista Dolores Ibárruri (La Pasionaria) regresó a España tras 38 años en Moscú.[175]

Durante la primavera de 1977, las instituciones franquistas fueron desmanteladas sistemáticamente.[176][177] El 1 de abril de 1977 se estableció por decreto la libertad sindical y se disolvió el Movimiento Nacional, cuyos activos de prensa y radio pasaron a la administración del Estado.[177][178][179] El 28 de abril se legalizaron las confederaciones sindicales independientes, incluidas CCOO y la UGT, mientras que el sindicato vertical franquista (OSE) se transformó en una entidad administrativa transitoria.[179][180][181] El Tribunal de Orden Público (TOP), de carácter represivo, había sido abolido en enero y sustituido por la Audiencia Nacional para encargarse del terrorismo y de los delitos de ámbito nacional.[182] El 14 de mayo de 1977, Don Juan de Borbón renunció a sus derechos dinásticos en favor del rey Juan Carlos I en el Palacio de la Zarzuela, uniendo la legitimidad dinástica histórica con la legitimidad constitucional.[183][184][185] A finales de mayo, Torcuato Fernández-Miranda dimitió como presidente de las Cortes, concluyendo su etapa legislativa.[186][187] En el País Vasco, una semana proamnistía celebrada del 8 al 15 de mayo se saldó con siete muertes en enfrentamientos policiales, aunque ETA político-militar anunció una tregua parcial el 20 de mayo.[188][189][190]

El periodo constituyente y la Constitución de 1978 (1977–1978)

El 18 de marzo de 1977, el gobierno emitió el decreto-ley electoral que establecía el sistema de representación proporcional D'Hondt con un mínimo provincial de dos escaños para el Congreso de los Diputados, una estructura que favorecía a las provincias rurales y conservadoras frente a los centros urbanos industriales.[191][192] Para el Senado se estableció un sistema mayoritario de lista abierta, con 41 escaños reservados para designación real.[183] El 15 de junio de 1977, España celebró sus primeras elecciones generales libres desde febrero de 1936, con una participación del 78,83 %.[193][194] La Unión de Centro Democrático (UCD) de Adolfo Suárez, una alianza de democristianos, liberales y socialdemócratas, obtuvo una pluralidad del 34,61 % de los votos y 165 escaños, quedándose a once escaños de la mayoría absoluta.[195][196] El PSOE se consolidó como el partido de izquierdas dominante, logrando un 29,27 % y 118 escaños, lo que marginó al PCE, que consiguió un 9,38 % y 20 escaños.[197] Alianza Popular (AP), la fuerza conservadora de Manuel Fraga compuesta por siete exministros franquistas, obtuvo un 8,33 % y 16 escaños, mientras que el Equipo Demócrata Cristiano no logró representación.[198][199][200][201] Los partidos regionalistas demostraron fuerza local: el Pacte Democràtic per Catalunya obtuvo 11 escaños y el Partido Nacionalista Vasco (PNV) ganó 8.[200][202] El 21 de junio de 1977, el Gobierno de la República española en el exilio se disolvió en París.[203][204]

Las Cortes recién elegidas abordaron la demanda de amnistía política, aprobando la Ley de Amnistía el 15 de octubre de 1977.[205][206] Respaldada por la UCD, el PSOE, el PCE y los partidos regionales, con la abstención de AP, la ley excarceló a todos los presos políticos restantes, incluidos los condenados por delitos de sangre y violentos.[77][205][207] La ley también otorgó inmunidad general a los funcionarios franquistas y a las fuerzas de seguridad por los delitos cometidos durante la Guerra Civil y la dictadura.[77][206][207] El diputado comunista Marcelino Camacho defendió la ley en el parlamento como un acto fundacional de reconciliación nacional.[208][209] Los historiadores han denominado a este consenso el «pacto del olvido», que eludió la responsabilidad penal retroactiva y la justicia transicional para preservar la estabilidad.[77][207][210][211] El 21 de diciembre de 1977, el gobierno abolió la festividad nacional franquista que conmemoraba el alzamiento militar del 18 de julio de 1936.[212][213]

La crisis económica internacional originada por la crisis del petróleo de 1973 golpeó agudamente a España en 1977, elevando la inflación al 26,4 %, la deuda externa a 14 000 millones de dólares y el desempleo por encima de los 800 000 parados.[214][215][216][217] Para estabilizar la economía, el ministro de Economía Enrique Fuentes Quintana negoció los Pactos de Moncloa con todos los partidos parlamentarios, firmados el 25 de octubre de 1977 en el Palacio de la Moncloa.[216][218][219][220] Los acuerdos implementaron controles salariales indexados a la inflación prevista en lugar de a la pasada, redujeron el gasto público y devaluaron la peseta, al tiempo que ofrecían medidas sociales compensatorias que incluían la ampliación de la educación pública, la cobertura de desempleo, una reforma fiscal progresiva diseñada por Francisco Fernández Ordóñez y la despenalización del adulterio y los anticonceptivos.[221][222][223] Las principales confederaciones sindicales, CCOO y UGT, respaldaron el pacto, aunque la recién creada patronal CEOE se opuso a sus componentes sociales.[224] La inflación cayó del 26,4 % en 1977 al 16,5 % al año siguiente.[215] La conflictividad laboral no disminuyó, sin embargo, y el número de huelgas siguió aumentando hasta alcanzar su punto máximo en 1979..[215][225]

La cuestión regional requería una resolución inmediata.[226] El 27 de junio de 1977, Suárez se reunió con Josep Tarradellas, presidente de la Generalidad de Cataluña en el exilio.[227] El 29 de septiembre de 1977, el gobierno emitió un decreto-ley que restauraba provisionalmente la Generalidad, y Tarradellas regresó a Barcelona el 23 de octubre, dirigiéndose a la multitud desde el balcón del palacio con la frase «Ciutadans de Catalunya, ja sóc aquí».[204][228][229] En el País Vasco, donde el líder en el exilio Jesús María Leizaola rechazó un acuerdo similar, el gobierno negoció con la Asamblea de Parlamentarios Vascos, lo que condujo a la creación del Consejo General Vasco en diciembre de 1977 bajo la presidencia del socialista Ramón Rubial, con la exclusión de Navarra.[230][231] Posteriormente, el gobierno estableció regímenes preautonómicos provisionales en todas las regiones españolas para evitar asimetrías.[232]

El Congreso de los Diputados formó una subcomisión de siete miembros (los ponentes o «Padres de la Constitución») para redactar el nuevo texto constitucional: Gabriel Cisneros, Miguel Herrero de Miñón y José Pedro Pérez-Llorca (UCD); Gregorio Peces-Barba (PSOE); Jordi Solé Tura (PCE-PSUC); Manuel Fraga (AP); y Miquel Roca (minoría catalana).[233][234][235] El PNV quedó excluido después de que la UCD declinara cederle un escaño.[236] Las negociaciones se basaron en compromisos bilaterales entre Fernando Abril Martorell (UCD) y Alfonso Guerra (PSOE).[237] Entre los puntos clave de consenso destacaron la definición de España como monarquía parlamentaria, el reconocimiento de nacionalidades y regiones dentro de una nación española indisoluble (artículo 2), la protección de la libertad religiosa mencionando expresamente a la Iglesia católica (artículo 27) y una redacción ambigua del derecho a la vida que permitiera interpretaciones tanto antiabortistas como favorables al aborto.[238][239][240] El 31 de octubre de 1978, las Cortes aprobaron el texto, con 325 votos a favor, 6 en contra y 14 abstenciones (incluida la del PNV) en el Congreso.[241] El 6 de diciembre de 1978, un referéndum nacional ratificó la Constitución con un 87,78 % de votos a favor y una participación del 67,11 %, aunque en el País Vasco la campaña de abstención del PNV dio lugar a un 43,6 % de votos afirmativos y una alta abstención.[10][242][243] El rey Juan Carlos promulgó la Constitución el 27 de diciembre, y esta entró en vigor tras su publicación el 29 de diciembre de 1978.[10][244]

El segundo gobierno constitucional y la crisis de la UCD (1979–1981)

Tras la promulgación de la Constitución, Suárez disolvió las Cortes y convocó elecciones generales para el 1 de marzo de 1979.[245] Los resultados reafirmaron el bipartidismo imperfecto: la UCD quedó en primer lugar con el 34,84 % y 168 escaños, mientras que el PSOE obtuvo el 30,40 % y 121 escaños, quedándose ambos lejos de la mayoría absoluta.[246][247][248] Coalición Democrática (la refundada AP) cayó a 9 escaños, el PCE obtuvo 23 e ingresaron en el parlamento los nacionalistas vascos radicales, con Herri Batasuna logrando 3 escaños y Euskadiko Ezkerra 1.[246][247][249] En las elecciones municipales del 3 de abril de 1979, los pactos entre el PSOE y el PCE otorgaron a la izquierda el control de los principales ayuntamientos: Enrique Tierno Galván se convirtió en alcalde de Madrid, Narcís Serra en alcalde de Barcelona y Julio Anguita en el primer alcalde comunista de Córdoba.[250][251] La participación electoral disminuyó en 1979, reflejando un creciente desencanto ciudadano con las élites políticas en un contexto de estancamiento económico y violencia persistente.[246][252][253]

La derrota electoral exacerbó el conflicto interno en el PSOE.[254] En el 28.º Congreso celebrado en mayo de 1979, los delegados rechazaron la moción de Felipe González para eliminar el marxismo de la definición ideológica del partido, lo que provocó la dimisión de González como secretario general.[255] En un congreso extraordinario celebrado en septiembre de 1979, González fue reelegido después de que el partido se redefiniera como de clase, de masas, democrático y federal, tratando al marxismo meramente como un instrumento crítico no dogmático.[256] Los cambios organizativos reforzaron a las federaciones provinciales frente a las agrupaciones locales, consolidando el control de González y del secretario de organización Alfonso Guerra.[257] El partido adoptó una orientación socialdemócrata moderada que atrajo a los votantes de las clases medias urbanas y presentó una alternativa creíble a la UCD.[258][259]

Suárez priorizó los estatutos de autonomía regionales.[260] En el verano de 1979 negoció el Estatuto de Autonomía del País Vasco (Estatuto de Gernika) con Carlos Garaikoetxea, estableciendo amplias competencias regionales, la policía autonómica de la Ertzaintza y los conciertos económicos.[261] Fue aprobado en referéndum el 25 de octubre de 1979 por el 90,3 % de los votantes con una participación del 59,7 %.[261] El mismo día, el Estatuto de Sau para Cataluña fue aprobado en referéndum con el 88,1 % de los votos.[261][262] En 1980, las elecciones autonómicas llevaron al poder a los partidos nacionalistas: el PNV de Garaikoetxea en el País Vasco y Convergència i Unió (CiU) de Jordi Pujol en Cataluña.[263][264] Sin embargo, cuando Andalucía intentó conseguir el mismo nivel alto de autonomía a través de la vía rápida del artículo 151, el gobierno de la UCD hizo campaña por la abstención.[265][266][267] El referéndum del 28 de febrero de 1980 se aprobó en siete provincias pero no alcanzó la mayoría absoluta del censo en Almería, provocando una crisis política que precipitó la dimisión del ministro de Cultura, Manuel Clavero Arévalo, y erosionó el apoyo a la UCD en el sur de España.[263][266]

Entre 1978 y 1980, la violencia política alcanzó su máxima intensidad.[268][269] ETA mató a 68 personas en 1978, a 84 en 1979 y a 93 en 1980, siendo muchas de sus víctimas oficiales militares, guardias civiles y policías.[232][268][269][270] El grupo armado GRAPO continuó con sus asesinatos y atentados con bomba, mientras que comandos de extrema derecha (la Alianza Apostólica Anticomunista y los Guerrilleros de Cristo Rey) perpetraron ataques violentos con la complicidad de sectores de línea dura de la policía.[271] La segunda crisis del petróleo de 1979 duplicó los precios de la energía, elevando el desempleo en España al 12 % y la inflación al 16,55 %.[272][273] En mayo de 1980, el PSOE presentó una moción de censura contra Suárez.[274][275] Aunque fue derrotada en el Congreso por 166 votos frente a 152, el debate retransmitido a escala nacional encumbró a Felipe González por encima de Suárez en las encuestas de opinión pública.[274][275][276][277]

La UCD se fracturó en facciones ideológicas enfrentadas.[274][278] Los democristianos resistieron las reformas, especialmente el proyecto de ley de divorcio presentado por el ministro de Justicia Francisco Fernández Ordóñez, y formaron un bloque rebelde liderado por Miguel Herrero de Miñón y Óscar Alzaga.[274][279] Periódicos de extrema derecha, como el colectivo Los Almendros en El Alcázar, agitaron abiertamente en favor de una intervención militar, citando el golpe de Estado de septiembre de 1980 en Turquía.[280][281] Ante su creciente aislamiento, la erosión del apoyo real y la aguda división interna del partido, Adolfo Suárez anunció su dimisión como presidente del Gobierno y líder de la UCD en televisión el 29 de enero de 1981, afirmando que no quería que el sistema democrático fuera un paréntesis en la historia de España.[282][283][284] Los barones de la UCD eligieron como sucesor al vicepresidente Leopoldo Calvo-Sotelo.[285][286][287] Calvo-Sotelo no alcanzó la mayoría absoluta en la primera votación de investidura el 22 de febrero, por lo que la votación tuvo que repetirse al día siguiente, el 23 de febrero de 1981, fecha en la que bastaría con una mayoría simple..[288][289]

El golpe de Estado del 23-F y el gobierno de Calvo-Sotelo (1981–1982)

En la tarde del 23 de febrero de 1981, el teniente coronel Antonio Tejero irrumpió con 200 guardias civiles armados en el Congreso de los Diputados durante la votación de investidura de Leopoldo Calvo-Sotelo, efectuando disparos al techo y reteniendo como rehenes al gobierno y al parlamento.[13][289][290] Simultáneamente, el teniente general Jaime Milans del Bosch declaró el estado de excepción en la III Región Militar en Valencia y desplegó tanques en las calles.[291] La conspiración unía dos diseños distintos: Milans del Bosch y Tejero buscaban una junta militar, mientras que el general Alfonso Armada, exsecretario del rey, pretendía instalar un gobierno de concentración presidido por él mismo.[291][292][293] Armada entró en el edificio del parlamento para proponer su gabinete de unidad, pero Tejero rechazó el plan porque incluía a socialistas y comunistas.[294][295]

El rey Juan Carlos intervino de manera decisiva para frenar la insurrección.[294] Se puso en contacto con los capitanes generales de toda España para ordenarles que mantuvieran a sus unidades en los cuarteles, mientras que el general Guillermo Quintana Lacazzi aseguró la estratégica División Acorazada Brunete en Madrid.[294] Un gobierno administrativo de emergencia compuesto por subsecretarios gestionó la autoridad civil.[294] A la 1:14 del 24 de febrero, el rey apareció en la televisión nacional vestido con el uniforme de capitán general, ordenando a las fuerzas armadas defender el orden constitucional y afirmando que la Corona no toleraría ninguna alteración violenta de la democracia.[296] Milans del Bosch retiró sus fuerzas acorazadas dos horas más tarde y Tejero se rindió al mediodía, liberando a los rehenes.[297][298] El 27 de febrero, un millón de personas se manifestaron en Madrid y medio millón en Barcelona en apoyo de la Constitución.[299][300] Las acciones del monarca legitimaron la institución monárquica en la opinión pública, dando lugar al fenómeno político conocido como «juancarlismo».[301]

El 25 de febrero de 1981, el Congreso de los Diputados confirmó a Leopoldo Calvo-Sotelo como presidente del Gobierno por 186 votos contra 158.[302] Su gabinete fue el primero desde la Segunda República que no contaba con ministros militares, nombrando a Alberto Oliart al frente de Defensa.[280][303] El gobierno procesó a treinta y dos oficiales y un civil implicados en el golpe del 23-F, y el Tribunal Supremo elevó las condenas para Tejero, Armada y Milans del Bosch a treinta años de prisión.[304][305][306] Con el fin de gestionar las inquietudes militares respecto a la fragmentación territorial, la UCD y el PSOE firmaron un acuerdo el 31 de julio de 1981 que dio lugar a la Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico (LOAPA), destinada a nivelar competencias entre las comunidades autónomas y cerrar la vía rápida del artículo 151.[307][308] Los partidos nacionalistas recurrieron la ley, y en agosto de 1983 el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional su Título I.[309][310] En el ámbito laboral, el gobierno, la patronal y los sindicatos firmaron el Acuerdo Nacional de Empleo (ANE) en 1981, y en febrero de 1982 las negociaciones con Mario Onaindia llevaron a la disolución de la facción político-militar de ETA (ETA-pm) y su integración en la política parlamentaria.[311][312]

En política exterior, Calvo-Sotelo integró a España en las estructuras de defensa occidentales.[313][314] El 29 de octubre de 1981, el Congreso votó por 186 a 146 a favor de solicitar el ingreso en la OTAN, poniendo fin a la postura de no alineamiento defendida por Suárez.[315][316] El PSOE hizo campaña contra la adhesión bajo el lema ambiguo «OTAN, de entrada no», exigiendo la celebración de un referéndum popular, lo que provocó que el apoyo público a la OTAN cayera al 17 %.[315][317] La campaña no alteró la postura del gobierno, y el 6 de junio de 1982 el Consejo del Atlántico Norte, reunido en Bonn, aceptó a España como el decimosexto Estado miembro de la OTAN..[316] Paralelamente, tras presiones diplomáticas estadounidenses, el gobierno paralizó el Proyecto Islero, el programa secreto de desarrollo nuclear español, y sometió las instalaciones nucleares a las salvaguardias del Organismo Internacional de Energía Atómica el 1 de abril de 1981.[318][319]

El gobierno de Calvo-Sotelo hizo frente a graves crisis internas y sociales.[320][321] En la primavera de 1981, un brote de síndrome tóxico, causado por la distribución ilegal de aceite de colza industrial para consumo humano, envenenó a entre 12 000 y 20 000 personas y causó cientos de muertes, provocando una emergencia de salud pública que forzó la dimisión del ministro de Sanidad.[321][322] La ley de divorcio dividió a la UCD: los democristianos, al igual que la Iglesia católica, se oponían a su legalización, y cuando intentaron añadir una cláusula de desdichas acordada con la jerarquía eclesiástica, el sector socialdemócrata votó junto con la oposición en el Senado y la tumbó..[274][323] La UCD se fragmentó en facciones rivales: los socialdemócratas de Fernández Ordóñez formaron el Partido de Acción Democrática y se aliaron con el PSOE, los democristianos de Óscar Alzaga fundaron el Partido Demócrata Popular (PDP) y Adolfo Suárez abandonó la UCD en julio de 1982 para fundar el Centro Democrático y Social (CDS).[324][325][326] Tras las severas derrotas sufridas en las elecciones gallegas de octubre de 1981 y las andaluzas de mayo de 1982, Calvo-Sotelo disolvió el parlamento el 27 de agosto de 1982 y convocó elecciones generales.[327][328][329]

El primer gobierno socialista y la consolidación democrática (1982–1986)

Las elecciones generales del 28 de octubre de 1982 registraron una participación del 79,8 %, la más alta en la historia democrática de España.[330] Con una campaña bajo el lema «Por el cambio», el PSOE obtuvo una victoria aplastante, consiguiendo el 48,11 % de los votos y una mayoría absoluta de 202 escaños en el Congreso de los Diputados de 350 escaños.[331][332] Alianza Popular (AP) de Manuel Fraga pasó de 9 a 106 escaños, convirtiéndose en la principal fuerza de la oposición conservadora.[331][332] La UCD sufrió un descalabro monumental, cayendo de 168 a 11 escaños, y se disolvió a principios de 1983.[332] El PCE retrocedió de 23 a 4 escaños, lo que provocó la dimisión de Santiago Carrillo, mientras que la extrema derecha perdió su único representante parlamentario al disolverse la Fuerza Nueva de Blas Piñar.[331][332][333][334] Las elecciones de 1982 inauguraron un sistema de partido dominante, sustituyeron a la UCD por AP en el flanco derecho del espectro político y supusieron la primera transferencia de la autoridad ejecutiva a la izquierda desde la Guerra Civil de 1936, concluyendo el ciclo transicional.[13][335][336][337]

El gabinete formado por el presidente del Gobierno Felipe González se dispuso a erradicar el golpismo militar.[338] El ministro de Defensa Narcís Serra promulgó la Ley Orgánica de Plantillas de las Fuerzas Armadas, reduciendo los puestos de oficiales superiores en un 20 % y disminuyendo los mandos en activo de 66 000 en 1982 a 57 600 en 1991.[339] La Ley Orgánica de Defensa y Organización Militar de 1984 subordinó la Junta de Jefes de Estado Mayor a la autoridad ministerial civil y creó el cargo de jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD).[338][340] La jurisdicción militar se integró en una sala especializada del Tribunal Supremo y las regiones militares territoriales se redujeron de nueve a seis.[341] En junio de 1985, los servicios de inteligencia descubrieron y desarticularon una última conspiración golpista que planeaba detonar explosivos bajo la tribuna real durante el desfile del Día de las Fuerzas Armadas en La Coruña, un hecho que se mantuvo en secreto para el público durante más de una década.[342]

El 12 de junio de 1985, España firmó el Tratado de Adhesión a las Comunidades Europeas en el Palacio Real de Madrid, culminando ocho años de negociaciones que habían estado estancadas por los reparos agrícolas franceses bajo la presidencia de Giscard d'Estaing hasta resolverse con François Mitterrand.[343][344] El 1 de enero de 1986, España y Portugal ingresaron oficialmente en la Comunidad Económica Europea, poniendo fin a décadas de aislamiento diplomático y económico.[343][344][345] Habiendo manifestado previamente su oposición a la OTAN, Felipe González convenció al 30.º Congreso del PSOE en diciembre de 1984 de que España debía permanecer en la alianza bajo tres condiciones: la no integración en la estructura de mando militar unificado, la prohibición de instalar o almacenar armas nucleares y la reducción progresiva de las bases militares estadounidenses.[346] El ministro de Asuntos Exteriores, Fernando Morán, dimitió en desacuerdo.[346] El 12 de marzo de 1986, el gobierno celebró un referéndum sobre la permanencia en la OTAN.[347] El «sí» se impuso con el 52,5 % frente al 39,8 % del «no», aunque se registraron mayorías del «no» en Cataluña, el País Vasco, Navarra y las Islas Canarias.[347] La victoria reforzó la autoridad política de González, conduciendo a otra mayoría absoluta en las elecciones generales de junio de 1986.[348]

El gobierno socialista implementó reformas estructurales económicas y sociales. Frente a la obsolescencia industrial y los desequilibrios fiscales, el ejecutivo acometió la reconversión industrial en los sectores naval, siderúrgico y textil, lo que provocó despidos de trabajadores y violentas protestas laborales en los puertos industriales del norte.[349] En la educación universitaria, la Ley de Reforma Universitaria de 1983 otorgó autonomía institucional, mientras que la enseñanza primaria y secundaria pasó a ser obligatoria hasta los catorce años en 1985 y hasta los dieciséis en 1990 en virtud de la LOGSE.[350] Hacia 1988, la descentralización del gasto público transfirió el 20 % del presupuesto nacional a las diecisiete comunidades autónomas, convirtiendo a España de una dictadura centralizada en uno de los Estados más descentralizados políticamente de Europa.[351][352]

Dimensiones sociológicas y culturales

El clima social de la transición estuvo configurado por una cambiante movilización de masas.[32] A finales de los años sesenta y principios de los setenta, las asociaciones de vecinos, los movimientos estudiantiles y los sindicatos organizaron manifestaciones callejeras, huelgas y asambleas, ejerciendo una presión constante sobre el régimen.[32][353][354][355] Sin embargo, una vez que el proceso de reforma institucional comenzó bajo Suárez en 1976 y se firmaron los Pactos de Moncloa en 1977, los partidos políticos monopolizaron la toma de decisiones.[356] Esto condujo a una desmovilización política y a una creciente desafección ciudadana (el desencanto), que se consolidó como una característica perdurable de la vida política española en la era democrática.[252][357][358] Los cambios demográficos también desempeñaron un papel relevante: la generación que accedió al poder no había combatido en la Guerra Civil, lo que facilitó la negociación entre élites sobre las pasadas divisiones ideológicas.[352][359][360]

La transformación de los derechos civiles propició un cambio social, en particular para las mujeres.[361] De acuerdo con el derecho civil franquista, las mujeres casadas estaban sometidas al permiso marital, que exigía el consentimiento del esposo para abrir cuentas bancarias, buscar empleo, obtener pasaportes o realizar transacciones de propiedad.[361] Los Pactos de Moncloa de 1977 incluyeron la despenalización del adulterio y de los anticonceptivos.[222] Las mujeres en España disfrutan hoy de plenos derechos legales y de igualdad formal..[361] La tasa de empleo femenino pasó de menos del 30 % en 1975 a superar el 40 % durante la década siguiente, y la matriculación de mujeres en las universidades se expandió con rapidez hasta rebasar a la de los hombres.[361]

El panorama mediático español experimentó una profunda reestructuración.[362] La repressiva Ley de Prensa de 1966 fue desmantelada, la censura oficial se revocó en abril de 1977 y se promulgaron garantías constitucionales para la libertad de información.[177][363] El 4 de mayo de 1976 vio la luz el primer número del diario progresista El País, que se convirtió en una influyente voz de la reforma democrática.[362][364] Los monopolios estatales de radiodifusión y televisión fueron modificados gradualmente, y las comunidades autónomas establecieron sus propias redes públicas de radiodifusión, tales como TV3 en Cataluña y ETB en el País Vasco.[362]

La liberalización cultural encontró su expresión en el movimiento urbano conocido como la Movida madrileña.[365][366] Surgida en Madrid con el apoyo del alcalde Enrique Tierno Galván y extendida a Barcelona, Bilbao y Vigo, la Movida rompió con el moralismo conservador y el arte político militante, abrazando el punk, la música nueva ola, la moda experimental y un cine provocador.[365][366][367] Figuras como el cineasta Pedro Almodóvar y el escritor Gregorio Morales reflejaron este espíritu secular y hedonista.[366][367] Esta explosión contracultural coincidió con la rápida secularización de la sociedad española, al tiempo que descendía la asistencia a los servicios religiosos católicos y menguaba la influencia eclesiástica en las políticas estatales.[361]

Debates historiográficos y memoria histórica

La historiografía contemporánea y la ciencia política analizan la transición española a través de cuatro debates señalados por Robert M. Fishman y Ignacio Sánchez-Cuenca: reforma versus ruptura, élites versus movimientos populares, paz versus violencia, y olvido versus memoria.[368] Los defensores del rumbo reformista sostienen que una transición institucional basada en los mecanismos jurídicos franquistas evitó traumas y la repetición de la Guerra Civil, sintonizando con los deseos de unas clases medias en expansión.[369] Los críticos argumentan que al decantarse por la reforma en lugar de una ruptura limpia, los partidos democráticos hicieron concesiones a las élites franquistas, dejando intactos el poder judicial, la función pública y las fuerzas de seguridad del Estado.[369][370] Los historiadores Carme Molinero y Pere Ysàs señalan que en las Cortes de 1977 no existía ni una mayoría republicana ni el deseo de arriesgarse a un enfrentamiento con los militares, por lo que la monarquía parlamentaria fue el producto de fuerzas políticas reales más que una rendición ideológica.[371]

Un segundo gran debate historiográfico concierne a si la transición fue estrictamente un pacto de élites o el resultado de la movilización popular.[372] El modelo de pacto de élites, formulado por estudiosos como Santos Juliá, recalca la moderación, la habilidad personal y la capacidad de consenso de líderes políticos como Suárez, González, Carrillo y el rey.[373] Pau Casanellas sostiene que la idea del pacto de élites despoja a la protesta social de su protagonismo, y que la movilización popular, en especial las múltiples manifestaciones de 1976, abrió una brecha que bloqueó cualquier intento de reformar el franquismo y allanó el camino hacia el cambio de régimen. Pamela Radcliff defiende que el resultado no estaba predeterminado ni fue obra de unos pocos miembros de la élite actuando por su cuenta, sino que muchos españoles participaron en un amplio debate sobre el porvenir y el significado de la democracia.. Núñez Seixas califica la transición de pacto de élites condicionado por la movilización social. Sánchez-Cuenca argumenta que entre la muerte de Franco y las elecciones, el cambio vino desde arriba sin una verdadera negociación con la oposición, pero que la presión popular en las calles y las fábricas obligó a que los planes reformistas avanzaran más deprisa y más lejos..

La representación tradicional de la transición como un proceso modélico y pacífico ha sido cuestionada por la investigación reciente.[374][375][376] La historiadora Sophie Baby califica la noción de transición pacífica de mito, documentando un ciclo de violencia política entre noviembre de 1975 y octubre de 1982 que provocó 714 muertes a través de al menos 3500 actos violentos, una cifra de víctimas comparable a los «años de plomo» en Italia.[377][378][379][380] Más de la mitad de los fallecidos pertenecían a las fuerzas armadas y a la policía, asesinados por organizaciones terroristas, fundamentalmente ETA (más de 400 muertes) y el GRAPO (63 muertes).[381][382] Los grupos de extrema derecha y parapoliciales asesinaron a 67 personas, mientras que la actuación de unas fuerzas de seguridad del Estado no depuradas causó 178 muertes, en su mayoría civiles anónimos.[381][382][383][384] El historiador Xavier Casals sostiene que, paradójicamente, el terrorismo estabilizó la transición al aislar a los extremistas violentos, reforzar el centrismo político y empujar a los electorados hacia los partidos moderados de gobierno.[385][386]

La Ley de Amnistía de 1977 es objeto de duras críticas en la actualidad, principalmente por blindar frente a toda investigación las graves violaciones de los derechos humanos cometidas durante la época franquista..[387][388][389] Durante el periodo de transición, el olvido se asumió como una condición para la reconciliación nacional, y la oposición democrática no exigió medidas de reparación por las pasadas vulneraciones de derechos humanos debido a que priorizó la superación de las fracturas de la Guerra Civil..[211][388][389][390][391] Más de 100 000 víctimas de ejecuciones franquistas permanecían sepultadas en fosas comunes anónimas por todo el país, situando a España solo por detrás de Camboya en cuanto a desapariciones sin resolver documentadas.[392][393][394] A principios de la década del 2000 se creó la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), que impulsó la exhumación de las fosas donde yacían las víctimas desde la guerra..[394][395] En 2007, el gobierno socialista del presidente José Luis Rodríguez Zapatero aprobó la Ley de Memoria Histórica, que condenaba formalmente la represión franquista, retiraba símbolos públicos de la dictadura y prestaba apoyo institucional a la exhumación de fosas.[395][396] En 2012, el Comité contra las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas instó a España a derogar la Ley de Amnistía de 1977 al recordar que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles.[387] El 24 de octubre de 2019, tras un decreto del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, los restos mortales de Francisco Franco fueron exhumados de la basílica monumental del Valle de los Caídos y reinhumados en un modesto panteón familiar en el cementerio de Mingorrubio.[396]

Donde las ediciones difieren (3)
Fecha de finalización de la transición
  • inglés: The transition concluded after the landslide victory of the Spanish Socialist Workers' Party (PSOE) in the 1982 general election.
  • español: Los historiadores fechan el final de diversas maneras: en las elecciones de junio de 1977, en la Constitución de diciembre de 1978, en las elecciones de marzo de 1979, en el golpe fallido de febrero de 1981, en las elecciones de octubre de 1982 o en la adhesión a la Comunidad Económica Europea del 1 de enero de 1986.
  • asturiano: Proposed end points include the 1977 elections, the 1978 Constitution, the 1979 elections, the 1981 coup, the 1982 elections, the 1986 entry into the EEC, or the 1996 election won by the People's Party.
  • euskera: Critics assert that because the monarchy restored by Franco continues without direct voter consultation on the form of state, the period has not yet concluded.
  • gallego: Proposed dates range from the 1978 Constitution and the 1981 coup to the 1982 election, the 1996 transfer of power to the PP, or the view that the transition remains incomplete.
Número de presos políticos indultados en noviembre de 1975
  • inglés: King Juan Carlos pardoned 9,000 political prisoners on 22 November 1975.
  • español: El 25 de noviembre de 1975, el rey aprobó un indulto que puso en libertad a 5226 presos comunes y 429 presos políticos.
  • francés: On 25 November 1975, the king enacted a pardon allowing nearly 9,000 prisoners to have their sentences reduced.
  • hebreo: King Juan Carlos pardoned 9,000 political prisoners upon taking office.
  • hausa: King Juan Carlos pardoned 9,000 political prisoners on 22 November 1975.
Balanza total de víctimas mortales por violencia política durante la transición
  • español: Entre 500 y 700 personas murieron a causa de la violencia política desde 1975 hasta principios de los años ochenta, o 714 fallecidos entre noviembre de 1975 y octubre de 1982 según Sophie Baby.
  • francés: 714 deaths occurred in a cycle of political violence between November 1975 and October 1982, including 178 killed by public security forces.
  • catalán: Nearly 200 people died at the hands of state security forces alone between 1975 and 1982.
  • ruso: 714 people were killed in at least 3,500 violent acts between 1976 and 1982.
Fuentes (37 ediciones de Wikipedia)

Las ediciones no ingleses aportan una extensa documentación histórica, como la cobertura en español y asturiano de los gabinetes tecnocráticos del tardofranquismo, el fraccionamiento interno de la UCD y detalladas cifras de votaciones parlamentarias. Ediciones como la española, la francesa y la rusa ofrecen un análisis cuantificado de la violencia política citando la documentación de Sophie Baby sobre 714 víctimas mortales, mientras que las ediciones vasca y alemana detallan los sucesos de la iglesia de Vitoria en 1976, la conspiración golpista de La Coruña en 1985 y la exhumación de fosas comunes de la Guerra Civil al amparo de las recientes leyes de memoria histórica.

Compilado a partir de los artículos de Wikipedia indicados abajo, cada uno fijado a la revisión consultada el 26 de septiembre de 2026. Juntos contienen 459 referencias; el artículo en inglés por sí solo tiene 13.

EdiciónArtículoRevisiónTamañoRef.
inglésSpanish transition to democracy137550262048.2 KB13
españolTransición española174845700405.6 KB35
asturianoTransición española4534090180.1 KB29
tailandésการเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตยของสเปน13120106106.0 KB16
francésTransition démocratique espagnole23966895882.5 KB41
árabeانتقال إسبانيا نحو الديمقراطية7647335363.3 KB44
hebreoהדמוקרטיזציה של ספרד4385415063.2 KB36
portuguésTransição Espanhola7293306959.3 KB16
euskeraEspainiako trantsizioa1069671755.7 KB58
italianoTransizione spagnola15133388949.1 KB11
griegoΙσπανική Μεταπολίτευση1063191145.0 KB23
rumanoIstoria Spaniei (1977-1981)1795630934.0 KB21
hausaDemokradiyya a Spain89331032.9 KB4
ucranianoПерехід Іспанії до демократії4747379830.9 KB12
húngaroSpanyolország demokratikus átmenete2935277024.9 KB5
persaاسپانیا در دوران انتقال به دموکراسی4443381222.1 KB21
armenioԻսպանիայի անցումը ժողովրդավարության995686521.3 KB6
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rusoПереход Испании к демократии14898583020.8 KB3
catalánTransició democràtica espanyola3803752817.3 KB6
coreano스페인의 민주화4121156416.1 KB2
alemánTransition in Spanien26689031614.2 KB16
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Referencias

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  6. Powell, 2002, p. 128.
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  12. Núñez Seixas, 2017, p. 191-192. «Para más de un analista, el triunfo del PSOE suponía el fin de la Transición, no del proceso de transición institucional, culminado con la aprobación de la Constitución en diciembre de 1978, sino del proceso de transición política: la prueba de fuego para la consolidación definitiva del nuevo sistema político formado entre 1976 y 1978 debía ser permitir el acceso al gobierno de quienes venían de la oposición democrática y no de las filas reformistas del régimen dictatorial. Ahora comenzaría la fase de la consolidación y normalización de la democracia española, que en las dos décadas siguientes habría de convertirse en un miembro homologado y homologable del bloque occidental».
  13. Casanova & Gil Andrés 2014, p. 291. (Casanova, Julián; Gil Andrés, Carlos (2014). Twentieth-century Spain. A History. Translated by Douch, Martin. Cambridge University Press. ISBN 978-1-107-60267-0. OCLC 870438787.)
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  19. Caballero Bonald fala dunha transición que non foi tal
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  24. Moradiellos 2000, p. 154-155. sfn error: no target: CITEREFMoradiellos2000 (help)
  25. Molinero y Ysàs, 2018, p. 11.
  26. Molinero & Ysàs 2018, p. 11. sfn error: no target: CITEREFMolineroYsàs2018 (help)
  27. Tusell, 1997a, p. 267.
  28. Moradiellos, 2000, p. 173-174.
  29. Mateos y Soto, 1997, pp. 68-72.
  30. Molinero y Ysàs, 2018, p. 49. «El Gobierno formado en octubre de 1969... puso punto final a las tentativas reformistas a pesar de que, en ningún caso, suponían el más mínimo cuestionamiento del orden franquista. A partir de este momento, la imagen que proyectó el nuevo Gobierno fue la de absoluto inmovilismo. La posición de Carrero Blanco era que simplemente debía "perfeccionarse" lo ya existente, y rechazaba no combatir frontalmente, "en nombre del aperturismo y de todas esas zarandajas", todo aquello que a su rígido entender era contrario al ideario y al orden franquista».
  31. Pinilla García, 2021, pp. 38-39. «El país había hecho en los años sesenta una suerte de transición económica, social y cultural que, sin embargo, no se trasladaba a nivel político e institucional».
  32. Campuzano 2011, p. 40
  33. Moradiellos, 2000, p. 175.
  34. Moradiellos, 2000, p. 180-181.
  35. De Riquer, 2010, p. 705.
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  47. Moradiellos, 2000, pp. 192-195.
  48. Juliá, 1999, pp. 208-209. «En su primer manifiesto, la Junta [Democrática] se declaró a favor de la ruptura con el régimen por medio de la formación de un gobierno provisional que tomaría el poder gracias a una huelga general o acción democrática nacional, aunque dejaría para un referéndum posterior la decisión popular sobre la forma de gobierno, si monárquica o republicana. [...] Los comunistas pretendían desempeñar en 1975 el papel que los socialistas habían jugado en 1930: huelga general, caída del régimen monárquico, formación de un gobierno provisional y convocatoria de elecciones generales... para un plazo de dieciocho meses a partir de la constitución del gobierno provisional».
  49. Juliá, 1999, p. 208.
  50. Juliá, 1999, pp. 208-209. «Aun si proclamó la ruptura democrática, como la Junta [Democrática], la Plataforma [de Convergencia Democrática] se mostró dispuesta a entrar en negociaciones con el gobierno con objeto de ir conquistando parcelas de libertad. Desde el primer momento, la estrategia de ruptura propugnada en declaraciones y manifiestos quedó matizada por la disposición a negociar con los sectores del poder que se comprometieran en un proceso democratizador, y a ir ocupando un espacio cada vez mayor en la escena política».
  51. Juliá, 1999, p. 208-209.
  52. Moradiellos, 2000, p. 188.
  53. Molinero y Ysàs, 2018, p. 29. «En primer lugar, porque el aparato represivo estuvo plenamente operativo hasta el fin del régimen, lo que contribuyó al mantenimiento en la sociedad de un miedo extenso, alimentado además por la memoria de la extrema violencia del primer franquismo. En segundo lugar, por la notable extensión de la pasividad en sectores diversos de la población, en unos casos con el miedo como factor determinante, pero también por las expectativas de mejora de las condiciones de vida en un contexto de intenso crecimiento económico y de cambios sociales, sin olvidar la apatía política o la simple aceptación del orden establecido, por convicción o por interés. Por último, a pesar de la progresiva extensión de la conflictividad antifranquista, sus expresiones más intensas se encontraron con muchas dificultades para manifestarse fuera de las principales concentraciones industriales y urbanas del país».
  54. Moradiellos, 2000, p. 188-190.
  55. Suárez Fernández, 2007, pp. 797.
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  57. Campuzano 2011, p. 43
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  63. Suárez Fernández, 2007, pp. 800-8011.
  64. Zur dreißigsten Wiederkehr dieses Datums 2005 vgl. Walter Haubrich: Als Spanien stillstand. In: Die Zeit. Nr. 47, 17. November 2005 (zeit.de).
  65. Preston, 1998, p. 961; 967.
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  69. Preston, 2003, p. 359-360.
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  71. Juliá, 1999, p. 213.
  72. Pinilla García, 2023, p. 155. «Considera que Juan Carlos es un títere en manos de la camarilla franquista».
  73. Gil Pecharromán, 2008, p. 316-317.
  74. Tusell, 1997, p. 13.
  75. Tusell, 1997, p. 13. "Tarancón fixo una allabancia de Franco a la so entrega, pero tamién mentó los sos inevitables errores y realizó una meridiana alusión a la necesidá de serenidá y tactu"
  76. Núñez Seixas, 2017, p. 35-36. «No era la amnistía general, pero podía ser una señal positiva para la oposición».
  77. Campuzano 2011, p. 79
  78. Tusell, 1997, p. 16-18.
  79. Núñez Seixas, 2017, p. 36.
  80. Tusell, 1997, p. 16-18. "[El rei] yera consciente de que'l primer gobiernu de la monarquía había de ser de transición"
  81. Ruiz, 2002, p. 20.
  82. Juliá, 1999, p. 214.
  83. Pinilla García, 2023, p. 168.
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  87. Molinero y Ysàs, 2018, p. 70. «Frente al proyecto de Fraga, Antonio Garrigues presentó una propuesta de reforma rápida, consistente en una ley breve, que debería someterse a aprobación antes del verano, facultando al Gobierno para efectuar cambios "constitucionales", que el rey promulgaría después, a partir de la afirmación de la soberanía nacional, la monarquía constitucional, un Parlamento bicameral, el respeto a los derechos humanos, la adecuación de la legislación sindical a los acuerdos internacionales y el reconocimiento de la autonomía de las regiones».
  88. Juliá, 1999, p. 215.
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  92. Tusell, 1997, p. 21.
  93. Pinilla García, 2023, p. 175. «Los ultras torpedearán la Comisión, impedirán su avance y antes del verano, la reforma de Fraga estará muerta, entre otras razones porque lo acontecido en la calle exige un ritmo de cambio mucho más acelerado —y determinado— que el impreso por el Gobierno».
  94. Tusell 1977, p. 21. (Tusell, Javier (1977). La transición española. La recuperación de las libertades [The Spanish transition. The recovery of liberties] (in Spanish). Madrid: Historia 16 : Temas de Hoy. ISBN 84-7679-327-8. OCLC 37354322.)
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  97. Núñez Seixas, 2017, p. 41. «Con todo, la Ley de Reunión, y más tarde la de Asociación, supuso un avance significativo, en la medida en que permitía a los aún clandestinos partidos, grupos políticos y sindicatos salir a la superficie y actuar de forma pública, mediante mítines y concentraciones, en una borrosa frontera entre la legalidad y la ilegalidad, compensada con la tolerancia discreccional del Ejecutivo hacia unas siglas en detrimento de otras».
  98. Gil Pecharromán 2008, p. 331. (Gil Pecharromán, Julio (2008). Con permiso de la autoridad. La España de Franco (1939–1975) [With Permission from Authority: Franco's Spain (1939–1975)] (in Spanish). Madrid: Temas de Hoy. ISBN 978-84-8460-693-2.)
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  117. Gil Pecharromán, 2008, p. 337.
  118. Pinilla García, 2023, p. 211. «La prensa internacional lo aplaude, igual que los periódicos reformistas y prodemocráticos en España. La oposición interpreta con cautela las palabras del rey, porque los actos no terminan de ajustarse a los discursos, y es que todavía hay miembros de esa oposición en la cárcel o perseguidos por expresar públicamente sus opiniones. Por su parte, el búnker se inquieta ante las palabras del monarca, que parece haber olvidado, según ellos, el legado franquista que representa».
  119. Juliá, 1999, p. 218.
  120. Pinilla García, 2023, pp. 220-221.
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  130. Núñez Seixas, 2017, p. 64.
  131. Molinero y Ysàs, 2018, p. 101. «Los opositores se veían beneficiados al ser excarcelados pero, como activistas, su situación no cambiaba y podían ser detenidos nuevamente por las mismas actividades políticas democráticas —asociación, reunión, manifestación—, ya que estas continuaban siendo ilegales y, por lo tanto, les podían llevar nuevamente a la cárcel».
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  135. Pinilla García, 2021, p. 91. «Torcuato Fernández Miranda se retira el 21 de agosto de 1976 a su chalet de Navacerrada. Durante ese fin de semana redactará las líneas básicas de la Ley para la Reforma Política, cuyo objetivo es iniciar un cambio de régimen sin violentar la legalidad franquista».
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  157. Molinero y Ysàs, 2018, p. 128. «El Gobierno intentó evitar la masiva manifestación del entierro, pero finalmente se vio obligado a ceder pues la actitud del PCE fue firme y los dirigentes opositores le hicieron ver que los comunistas no estaban dispuestos a permitir quelos funerales y entierro fueran clandestinos, que estaban decididos a celebrarlos sin autorización; además se había desatado una fuerte ola de solidaridad, particularmente entre la abogacía. La movilización comunista ante los asesinatos de Atocha fue impresionante, en especial durante el entierro de los abogados, con decenas de miles de personas ocupando la calle y un servicio de orden organizado por el propio partido formado por más de 2000 militantes; al mismo tiempo, la exhibición de fuerza se vio acrecentada por el esfuerzo de contención y disciplina de que hicieron gala».
  158. Juliá, 1999, p. 224.
  159. Juliá, 1999, p. 224. "La opinión pública sufrió un entorno espectacular: si n'ochobre de 1976, namái se declaraben a favor de la llegalización del PCE un 25 por 100 de los españoles, mientres otru 35 manifestar en contra, n'abril de 1977 la proporción habíase más qu'invertíu: 55 a favor contra namái un 12 por 100 en contra"
  160. Gil Pecharromán, 2008, p. 347.
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  253. A partire dal film documentario El desencanto (del regista spagnolo Jaime Chávarri, del 1976), nella vulgata mediatica della fine degli anni Settanta in Spagna il termine per indicare questo sentimento pubblico fu “desencanto”, che richiamava indirettamente la nozione weberiana.
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  281. Juliá, 1999, p. 252.
  282. Ruiz, 2002, p. 57-58. «Y veinte años después de su dimisión, en declaraciones a algunos medios de comunicación, Adolfo Suárez volvió a reiterar que fueron la crisis de su propio partido, el acoso del PSOE y la defensa de la monarquía de Juan Carlos I los que le habían llevado a presentar la dimisión, descartando la influencia de los aún entonces poderes fácticos, como el ejército, la banca y los empresarios de la CEOE».
  283. Pinilla García, 2021, pp. 170-171. «Suárez dimite porque el último (y ya único) asidero al que se aferraba se tambalea, ya no confía en él y, de hecho, le ha abandonado. Ese asidero es el rey. Pero hay un motivo probablemente más urgente, de bajo vuelo político, de pura inmediatez, que no pude soslayarse; y ese motivo es la nueva moción de censura que se prepara contra él, en la que la oposición y hasta miembros de su partido están pactando su caída. Y luego está Armada, su "gobierno de concentración"... Suárez pensaba que su dimisión desactivaría el "golpe de gobierno" en marcha, pero se equivocó: lo aceleraría, convirtiéndolo en un peligroso "golpe de Estado"».
  284. Ruiz, 2002, p. 57-58. "Y venti años dempués de la so dimisión, en declaraciones a dellos medios de comunicación, Adolfo Suárez volvió repitir que fueron la crisis del so propiu partíu, l'acoso del PSOE y la defensa de la monarquía de Xuan Carlos I los que lu llevaren a presentar la dimisión, refugando la influencia de los entá entós poderes fácticos, como l'exércitu, la banca y los empresarios de la CEOE"
  285. Tusell, 1997, p. 82. «El nombre de Leopoldo Calvo Sotelo para la Presidencia del Gobierno fue sugerido por el mismo Suárez. Colaborador estrecho de éste, el nuevo presidente nunca se adscribió a una tendencia en el seno de UCD. […] Inteligente, culto y hábil e incluso mordaz parlamentario, Calvo Sotelo parecía más derechista que Suárez, pero también más sólido que él».
  286. Núñez Seixas, 2017, p. 164. «Calvo Sotelo, no adscrito a ninguna de las familias ideológicas del partido,... gozaba de la confianza de los círculos financieros y empresariales y no despertaba aversión ni en la oposición ni en los distintos sectores de UCD. Su nombre era una decisión que ya había sido pactada por el sanedrín de dirigentes de UCD en vísperas de la dimisión de Suárez, sin consultar a los órganos del partido».
  287. Juliá, 1999, p. 252-253.
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  290. Ruiz, 2002, p. 61-62.
  291. Ruiz, 2002, p. 61-63.
  292. Núñez Seixas, 2017, p. 168. «[El golpe bando] apelaba al rey para que autorizase un cambio de rumbo político mediante el relevo de Suárez en la presidencia del Gobierno, la reforma de algunos apartados de la Carta Magna, la "reconducción" del proceso autonómico y la aplicación de mano dura contra el terrorismo de ETA. La segunda solución [el golpe duro] preconizaba la asunción del poder por el Ejército, en teoría con el consentimiento del rey, aplicando las recetas conocidas del golpe de los coroneles en Grecia o las dictaduras militares sudamericanas, que algunos oficiales habían conocido de primera mano en el curso de intercambios y visitas».
  293. Molinero y Ysàs, 2018, p. 209. «En realidad, el 23 de febrero confluyeron en el Congreso de los Diputados dos tipos de conspiraciones, la estrictamente militar —encabezada por el coronel Tejero— y otra con ramificaciones civiles, patrocinada por el general Armada».
  294. Ruiz, 2002, p. 63.
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  297. Molinero y Ysàs, 2018, p. 209. «La experiencia histórica y familiar debió influir de forma sustancial en las decisiones del monarca y de su entorno en un momento tan crítico».
  298. Ruiz, 2002, p. 63-64.
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  300. Núñez Seixas, 2017, p. 172.
  301. Núñez Seixas, 2017, pp. 172-173.
  302. Pinilla García, 2021, pp. 191-192. «Suárez ha hecho amago de volver, pero la suspensión de la investidura implica un obstáculo técnico, y jurídico, difícil de esquivar. Aunque lo que en realidad disuade a Suárez es que ya es una figura política "quemada", pues ni siquiera sus compañeros de partido lo quieren al frente del gobierno. Mucho menos la oposición, que sigue abogando ——el PSOE, por ejemplo— por un gobierno de concentración "más necesario que nunca", dicen, habida cuenta de los últimos acontecimientos».
  303. Núñez Seixas, 2017, pp. 172-173. «Cqlvo Sotelo temía que un gabinete de concentración [UCD-PSOE] agudizaría aún más las disputas internas entre los ministros centristas».
  304. Juliá, 1999, p. 254-255.
  305. Ruiz, 2002, p. 65. «La condena de los principales golpistas brindaría por primera vez a los demócratas españoles, desde los tiempos del general Sanjurjo en 1932, la posibilidad de presenciar la subordinación del poder militar al civil, cumpliéndose de ese modo con el precepto constitucional».
  306. Ruiz, 2002, p. 65. "La condena de los principales golpistes brindaría per primer vegada a los demócrates españoles, dende los tiempos del xeneral Sanjurjo en 1932, la posibilidá de presencies la subordinación del poder militar al civil, cumpliéndose d'esa manera col preceptu constitucional"
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  313. Tusell, 1997, p. 112. «En realidad, no hubo más que algunos signos superficiales de esta actitud [neutralista] como, por ejemplo, recibir a Yasir Arafat o enviar representación a la conferencia de países convocada por Fidel Castro en La Habana».
  314. Tusell, 1997, p. 112. "En realidá, nun hubo más que dellos signos superficiales d'esta actitú [neutralista] como, por casu, recibir a Yasir Arafat o unviar representación a la conferencia de países convocada por Fidel Castro en L'Habana"
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  336. Juliá, 1999, p. 261. «Se ha atribuido a las elecciones de octubre de 1982 un efecto religitimador de la Democracia y se ha visto en ellas el fin del proceso de la transición política. En verdad, las elecciones cortaron en seco la tendencia hacia una creciente abstención y despejaron todas las dudas respecto al nivel de legitimidad que la Democracia pudiera disfrutar entre los españoles».
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  359. Il convient de remarquer ici que le qualificatif de « modéré » s’applique à la posture et aux revendications exprimées durant le processus de négociation, et non à l’idéologie du parti. Ainsi, dans le cas de la transition espagnole, c’est le Parti communiste, théoriquement révolutionnaire, qui a joué un rôle prépondérant dans le processus de négociation pour l’établissement d’une monarchie. Les communistes ayant été les éternels ennemis désignés du franquisme (les membres du PCE ont subi une forte répression durant toute la période), ceci a contribué à apporter une grande légitimité au produit de ces négociations. Le PSOE pour sa part, idéologiquement plus modéré, s’est toujours montré partisan de la république.
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  376. Sánchez-Cuenca & Aguilar 2009, p. 429. (Sánchez-Cuenca, Ignacio; Aguilar, Paloma (2009). "Terrorist Violence and Popular Mobilization: The Case of the Spanish Transition to Democracy". Politics & Society. 37 (3): 428–453. doi:10.1177/0032329209338927. S2CID 154397192.)
  377. Baby, 2022, pp. 133; 139.
  378. Baby, 2022, pp. 134-135. «Basta con irse a las hemerotecas para darse cuenta de la letanía de alteraciones del orden, de manifestaciones violentas, de amenazas, de enfrentamientos armados, de explosiones, de atentados, que puntuaron el proceso de reforma».
  379. Baby 2022.
  380. Baby 2022, p. 134-135. «Basta con irse a las hemerotecas para darse cuenta de la letanía de alteraciones del orden, de manifestaciones violentas, de amenazas, de enfrentamientos armados, de explosiones, de atentados, que puntuaron el proceso de reforma».
  381. Baby, 2022, pp. 135-136.
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  384. Prims, Roger. «En transició: no a la Constitució!». A: Carles Viñas. Història de l'Esquerra Independentista. Manresa: Tigre de Paper Edicions, 2021, p. 141-189. ISBN 978-84-16855-83-4.
  385. Casals, 2016, pp. 18-20; 556-558; 562; 565. «La violencia política no fue un elemento accidental en el desarrollo de la Transición, sino consubstancial al mismo… El ritmo de la Transición fue establecido tanto por citas a las urnas como por episodios violentos que imprimieron distintos tempos. El caso más evidente lo ofreció el País Vasco, donde el azote terrorista frustró la normalidad política y la aprobación de la Carta Magna tuvo escaso apoyo. […] La violencia política no solo fue importante, sino determinante en la Transición».
  386. Casals 2016, p. 18-20; 556-558; 562; 565. «La violencia política no fue un elemento accidental en el desarrollo de la Transición, sino consubstancial al mismo… El ritmo de la Transición fue establecido tanto por citas a las urnas como por episodios violentos que imprimieron distintos tempos. El caso más evidente lo ofreció el País Vasco, donde el azote terrorista frustró la normalidad política y la aprobación de la Carta Magna tuvo escaso apoyo. […] La violencia política no solo fue importante, sino determinante en la Transición».
  387. Spain must lift amnesty for Franco era crimes-U.N. Archiválva 2017. október 31-i dátummal a Wayback Machine-ben, Reuters (February 10, 2012).
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  394. Ute Müller: Franco spaltet Spanien noch immer. In: Welt, 19. November 2005.
  395. Histoire Et Conflits De Mémoire En Espagne par le laboratoire d'Histoire Sociale CHS
  396. Redaktion: In dieser Woche wird Franco aus dem „Tal der Gefallenen“ geholt. In: Welt. 21. Oktober 2019, abgerufen am 1. Oktober 2021.